VPN con servidores en Honduras

Los proveedores y usuarios que tengan direcciones IP públicas de las que se deriven direcciones privadas deben registrar quién utilizó el servicio, por fecha y hora, durante al menos treinta días, y CONATEL mantiene un registro de esos titulares (art. 37). Las empresas deben adaptar sus sistemas para capturar y desviar comunicaciones (art. 38), y no pueden informar a un abonado de que la interceptación está en curso (art. 51).

El Decreto 84-2026 (22 de mayo de 2026) obliga a las empresas de redes, comunicaciones y banca a proporcionar lo que exija un tribunal, en un plazo de 24 horas en materia de interceptación (art. 3), y a mantener unidades permanentes que respondan en tiempo real a solicitud del Ministerio Público. Modifica el art. 522 del Código Penal para imponer multas a las empresas de comunicaciones que incumplan deliberadamente la obligación de registrar, verificar, conservar o actualizar los datos de los clientes. No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de comunicaciones conforme a estas disposiciones.

El Código Penal restringe la expresión mediante los delitos de injuria y calumnia.

El Código Penal mantiene los delitos de injuria y calumnia. La calumnia consiste en atribuir falsamente un delito sabiendo que es falso o despreciando temerariamente la verdad.

La interceptación conforme a la ley de 2012 es un asunto judicial: la Unidad de Interceptación (UIC) ejecuta las interceptaciones ordenadas por un tribunal (art. 23), en todas participa un juez de garantía designado por el poder judicial y un fiscal (art. 34), y una orden dura como máximo tres meses, renovable por hasta tres períodos adicionales (art. 32). La UIC forma parte de la Dirección de Investigación e Inteligencia, dependiente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del poder ejecutivo (art. 33).

Los considerandos de la ley de 2012 citan el art. 100 de la Constitución, que reconoce, ante todo, la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones, postales, telegráficas y telefónicas.

El Decreto 84-2026 siguió a una opinión de la Corte Suprema de 16 de marzo de 2026 que, según el propio considerando del decreto, respalda la mayoría de sus reformas y enumera entre ellas los arts. 373, 374, 375 y 522, pero no el art. 587 sobre asociación terrorista; el Comité por la Libre Expresión afirma que el decreto no establece supervisión externa del acceso a los datos. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.