VPN con servidores en Andorra

La legislación andorrana obliga a cooperar con los jueces y tribunales en la investigación de delitos. En virtud de los artículos 47 y 87 del Código de procedimiento penal, el juez de instrucción adopta las medidas necesarias para esclarecer los hechos y, en caso de delitos graves, puede ordenar la interceptación de comunicaciones telefónicas.

La Ley cualificada 15/2003 sobre datos personales excluía de su ámbito la investigación de delitos (art. 5). Fue derogada por la Ley 29/2021, de 28 de octubre de 2021, cuyo artículo 2 también excluye el tratamiento por las autoridades competentes para la prevención, investigación, detección o persecución de delitos. El Tribunal se ocupó únicamente del operador nacional; no está establecido si un proveedor de VPN está sujeto a esta obligación.

El artículo 325 del Código penal, relativo a los delitos contra el prestigio de las instituciones, castiga las imputaciones públicas sobre el Consell General, el Govern, los tribunales, la fiscalía o los comuns que puedan perjudicar su prestigio, cuando se sepa que son falsas o se hayan formulado temerariamente, con una multa de hasta 30.000 EUR y la inhabilitación para ejercer un cargo público durante un máximo de cuatro años; se aplica la mitad superior cuando se utilizan los medios de comunicación o internet.

En diciembre de 2022, el Consell General votó en contra de derogarlo.

Un juez procesó a una persona en virtud del artículo 325 en octubre de 2022, después de que en 2021 se archivaran los cargos por calumnias con publicidad (art. 172) y calumnias contra los copríncipes (art. 320).

La resolución de 2014 desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad. Un juez de instrucción había solicitado los datos mediante una orden de 30 de agosto de 2012, para un período definido que terminaba menos de un año antes, y el artículo 15 permite la injerencia mediante una orden judicial motivada. La cuestión de si las normas de retención tenían rango suficiente solo podía plantearse mediante una impugnación directa o incidental, y este recurso no lo era.

La Comisión Europea incluye a Andorra entre los países cuya protección de datos reconoce como adecuada. El orden de las filas viene dado por la puntuación de seguridad, y la ubicación de salida de un servidor no constituye una recomendación.