VPN con servidores en el Líbano

En virtud del art. 9, el ministro del Interior o de Defensa puede autorizar la interceptación, con la aprobación del primer ministro, para reunir información sobre terrorismo, delitos contra la seguridad del Estado y delincuencia organizada. La Ley 81 de 2018 sobre transacciones electrónicas y datos personales añade delitos informáticos (arts. 110, acceso ilícito; 112, interferencia de datos) y dispone que la fiscalía o una autoridad judicial decida sobre las incautaciones de evidencia digital (art. 121). No está establecido si un operador de VPN está incluido.

En el Líbano se han bloqueado sitios web por órdenes del ministro de Telecomunicaciones, de la Fiscalía Pública y de un juez, ejecutadas por los proveedores de internet a través del operador estatal Ogero; las listas de sitios bloqueados no se publican. Una orden de 2014 abarcó seis sitios pornográficos, y una orden de 2019 contra una aplicación de citas se dictó después de una decisión judicial.

El insulto y la difamación son delitos en virtud del Código Penal, y la Ley de Publicaciones y el Código de Justicia Militar también contienen disposiciones sobre el insulto. Human Rights Watch sitúa en hasta un año la pena por difamación de funcionarios públicos; Amnistía Internacional informa de penas de hasta tres años para las disposiciones sobre difamación. La Oficina de Delitos Informáticos de las Fuerzas de Seguridad Interior investigó 1.684 casos de insulto y difamación entre enero de 2019 y marzo de 2024.

La Oficina pide a la persona afectada que retire el contenido o firme un compromiso de no repetición, lo que las Fuerzas afirman que ocurre bajo supervisión judicial; la Seguridad General, la Seguridad del Estado y la Inteligencia Militar también investigan este tipo de denuncias.

El art. 16 de la Ley 140 encomienda el control de legalidad de las decisiones administrativas de interceptación a un órgano independiente compuesto por el primer presidente del Tribunal de Casación, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Tribunal de Cuentas; las decisiones se le notifican en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Una comunicación conjunta de la sociedad civil al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que cita a un antiguo presidente del Tribunal de Cuentas, afirma que esa revisión es meramente simbólica en la práctica y que el primer ministro autoriza directamente las interceptaciones.

La misma comunicación registra que, en septiembre de 2014, el Consejo de Ministros concedió a los organismos de seguridad acceso pleno a los datos de telecomunicaciones, medida prorrogada en abril de 2016 por un año. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.