VPN con servidores en Argentina

El Decreto 1563/04 reglamentó la ley; el Decreto 357/05 suspendió ese decreto sin derogarlo. En Halabi (24 de febrero de 2009), la Corte Suprema confirmó la sentencia que declaraba inconstitucionales los artículos 1 y 2 de la ley y el decreto, al considerar que las comunicaciones pertenecen al ámbito de la privacidad personal protegido por los artículos 18 y 19 de la Constitución, y extendió el efecto a todos los usuarios en la misma situación que el demandante.

La Ley 19.798 ahora solo subsiste en las disposiciones que no entran en conflicto con la Ley Argentina Digital, Ley 27.078 (artículo 89). No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones en virtud de esa ley.

Conforme a la Ley 27.078, los proveedores de internet solo pueden bloquear, interferir, discriminar o restringir el uso de cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo por orden judicial o a solicitud expresa del usuario (artículo 57(a)), dentro de una garantía general de acceso sin restricciones ni bloqueos (artículo 56).

La calumnia, consistente en la acusación falsa de un delito específico de acción pública, y el deshonramiento o descrédito intencional de una persona identificada se sancionan con multas (Código Penal, artículos 109 y 110). Las expresiones sobre asuntos de interés público y las que no sean asertivas no constituyen delito.

Conforme a la Ley 23.592 (artículo 3), participar en una organización o hacer propaganda basadas en ideas de superioridad racial o religiosa con el objetivo de justificar o promover la discriminación racial o religiosa conlleva una pena de prisión de un mes a tres años. La misma pena se aplica a quien, por cualquier medio, aliente o incite a la persecución o al odio contra personas por razón de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Conforme a la Ley 27.078 (artículo 5), las comunicaciones realizadas mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, junto con sus datos de tráfico asociados, son inviolables, y su interceptación, grabación y análisis solo pueden realizarse a solicitud de un juez competente.

El Decreto de necesidad y urgencia 614/2024, emitido el 15 de julio de 2024 y publicado el 16 de julio, modificó la ley nacional de inteligencia, Ley 25.520. Los nombramientos del Secretario de Inteligencia y de los titulares de sus organismos descentralizados deben comunicarse a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.