VPN con servidores en Camboya

Los operadores de telecomunicaciones que se conecten a la pasarela deben exigir a sus usuarios que presenten una solicitud y proporcionen una identificación clara (art. 12). Un operador de la pasarela que incumpla sus obligaciones puede enfrentarse a una licencia restringida, suspendida o revocada, a la congelación de su cuenta o a multas (art. 16).

Según la cita de LICADHO, el art. 6 de la Ley de Telecomunicaciones de 2015 exige a todos los operadores y personas que participan en el sector que entreguen al Ministerio los datos de los servicios de telecomunicaciones. La ficha de Camboya en materia de evidencia electrónica de la UNODC afirma que ninguna disposición jurídica específica establece un periodo obligatorio de retención de datos electrónicos. No está establecido si alguno de los dos instrumentos alcanza a un operador de VPN.

El subdecreto ordena a los operadores de la pasarela cooperar con las autoridades para «bloquear y desconectar todas las conexiones de red que afecten negativamente a los ingresos nacionales, la seguridad, el orden social, la dignidad, la cultura, las tradiciones y las costumbres». Según el análisis de LICADHO, el artículo 66 de la Ley de Telecomunicaciones prohíbe las actividades de telecomunicaciones que puedan afectar al orden público o a la seguridad nacional, y el artículo 80 establece penas de siete a quince años de prisión por establecer, instalar o utilizar equipos cuando ello conduzca a la inseguridad nacional.

Según las comunicaciones presentadas al Comité de Derechos Humanos de la ONU por la ICJ y ARTICLE 19, el Código Penal castiga los insultos al Rey (art. 437 bis) con penas de uno a cinco años de prisión, una multa de entre dos y diez millones de rieles, o ambas; la incitación directa a cometer un delito grave o a alterar la seguridad social (arts. 494–495), con penas de seis meses a dos años y una multa de entre uno y cuatro millones de rieles.

Las mismas comunicaciones enumeran la difamación y el insulto (arts. 305–310), incluido el insulto a un funcionario público (art. 502). La ICJ registra que las autoridades han utilizado ampliamente los artículos 494 y 495 para detener, procesar y condenar a periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos por sus expresiones en línea.

Según un análisis de LICADHO de 2016, la Ley de Telecomunicaciones permite la vigilancia secreta con la aprobación de una «autoridad legítima» que no define (art. 97); el mismo análisis interpreta el artículo 6 como una autorización para que el Ministerio exija datos de los usuarios sin una orden judicial ni otra salvaguarda. El Código de Procedimiento Penal (art. 172) exige una orden de un juez de instrucción, en la que se indique el tipo de comunicación y la duración, para grabar conversaciones telefónicas y otras telecomunicaciones.

El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.