VPN con servidores en Argelia

Conforme al art. 11, un proveedor debe conservar, según la naturaleza y el tipo de sus servicios y durante un año desde su registro, los datos que identifiquen a los usuarios y sus equipos terminales, las características técnicas, la fecha, la hora y la duración de cada comunicación, así como los destinatarios y las direcciones de los sitios visitados.

El art. 10 obliga a los proveedores a ayudar a los investigadores a recopilar o registrar contenido en tiempo real, poner a disposición los datos del art. 11 y mantener la confidencialidad de esas operaciones. Conforme al art. 11, cuando la falta de conservación de los datos obstaculiza una investigación, una persona se enfrenta a una pena de seis meses a cinco años de prisión y a una multa de entre 50.000 y 500.000 DA; las empresas reciben multas conforme al Código Penal. No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios conforme al art. 2(d).

El art. 12 de la misma ley exige a los proveedores de acceso a internet retirar, almacenar o hacer inaccesibles los contenidos a los que dan acceso cuando sepan, directa o indirectamente, que infringen la ley. También deben establecer medios técnicos para limitar el acceso a distribuidores que difundan material contrario al orden público o a la moral, e informar a sus abonados.

La Ley 20-06 de 28 de abril de 2020 incorporó el art. 196 bis al Código Penal. Este castiga a quien difunda deliberadamente al público, por cualquier medio, información o noticias falsas o difamatorias, de una manera que pueda menoscabar la seguridad o el orden públicos, con una pena de uno a tres años de prisión y una multa de entre 100.000 y 300.000 DA, que se duplica en caso de reincidencia. La misma modificación elevó las penas por desacato previstas en el art. 144.

Los proveedores deben poner a disposición de las autoridades que realizan investigaciones judiciales los registros que conservan conforme al art. 11 (art. 10).

La Ley 09-04 permite la vigilancia electrónica, el registro de contenido en tiempo real y los registros de sistemas informáticos para proteger el orden público o en el marco de investigaciones judiciales en curso (art. 3). El art. 4 lo limita al terrorismo y la subversión, la seguridad del Estado, un ataque probable contra un sistema informático que amenace el orden público, la defensa nacional, las instituciones del Estado o la economía nacional, las investigaciones cuyos resultados no puedan obtenerse por otros medios y la asistencia judicial recíproca; exige una autorización escrita de la autoridad judicial competente.

En el primer supuesto, la autorización procede del Fiscal General ante el Tribunal de Argel, por seis meses, prorrogables, sobre la base de un informe que indique los medios técnicos y sus objetivos. El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la salida de un servidor no es una recomendación.