VPN con servidores en Angola

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deben registrar a sus usuarios, mantener la confidencialidad de las comunicaciones y conservar los datos almacenados protegidos como los datos de la red (art. 24). Los proveedores de servicios digitales, es decir, aplicaciones de internet operadas profesionalmente en plataformas digitales, deben conservar únicamente los registros técnicos, contractuales y de seguridad estrictamente necesarios para el servicio, para prevenir incidentes y para cumplir obligaciones legales (art. 16). Ambos deben registrarse en el Centro Nacional de Ciberseguridad.

No registrarse constituye una infracción administrativa grave, sancionada con una multa de entre 100 y 250 salarios mínimos nacionales para una persona física y de entre 300 y 500 para una empresa (arts. 55–56). La obligación de identificar o registrar a los usuarios no constituye una identificación civil general de todos los usuarios (art. 16(4)). No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas o de servicios digitales conforme a la Ley.

La Ley 9/26 no contiene ninguna disposición sobre el bloqueo de sitios ni la retirada de contenido. Cuando un sistema se ve comprometido por un ciberataque, los equipos de respuesta pueden recomendar u ordenar, mediante una decisión motivada y registrada, una limitación temporal del uso del sistema o de sus componentes estrictamente necesarios, pero no el acceso al contenido de comunicaciones privadas sin autorización judicial (art. 47(4)–(5)).

La Ley de Prensa (Ley 1/17, de 23 de enero de 2017) aplica los límites que establece a la libertad de prensa al contenido difundido por internet, con independencia de dónde esté ubicado el servidor que aloja el sitio (art. 7). Una empresa o medio de comunicación que incumpla su estatuto editorial se enfrenta a una suspensión de entre tres y nueve meses, y a la cancelación en caso de reincidencia (art. 29). Las restricciones sobre lo que puede decirse en internet también derivan del Código Penal, expuesto a continuación.

El Código Penal (Ley 38/20, de 11 de noviembre de 2020) castiga el insulto (art. 213) con hasta seis meses o una multa de hasta 60 días, la difamación (art. 214) con hasta un año o 120 días, y la calumnia, una imputación que se sabe falsa (art. 215), con entre seis meses y dos años. Cuando el motivo es la raza, la etnia, el sexo, la orientación sexual, las creencias o las convicciones políticas, las penas por insulto y difamación son más elevadas.

Los delitos cometidos mediante un sistema de información conllevan penas aumentadas en la mitad (art. 216). El acceso ilegítimo a un sistema de información se castiga con hasta dos años, o con entre dos y ocho años cuando se hayan infringido las normas de seguridad (art. 438). La intervención de las autoridades públicas en la correspondencia y las comunicaciones privadas solo está permitida mediante una decisión judicial competente (Ley 9/26, art. 5).

La Ley 9/26 declara inviolable el secreto de la correspondencia y de otras comunicaciones privadas y permite a las autoridades públicas intervenir únicamente mediante una decisión judicial competente (art. 5). La información entregada a los equipos de respuesta es confidencial y no puede utilizarse para fines distintos de la prevención, la respuesta, la supervisión o un procedimiento legal (art. 47(3)), y la Ley no menoscaba las facultades de las autoridades judiciales y de investigación penal (art. 49).

El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.