VPN con servidores en Corea del Sur

El operador conserva un registro de cada divulgación e informa dos veces al año al ministro de Ciencia y TIC sobre las divulgaciones. La Ley de protección de los secretos de las comunicaciones (artículo 15-2) obliga a los operadores a cooperar con las solicitudes de datos de confirmación de comunicaciones de fiscales, agentes de policía judicial y directores de organismos de inteligencia e investigación.

Un decreto presidencial promulgado en virtud de esa ley establece los periodos de conservación; en su texto de 2008 eran de al menos doce meses para la mayoría de las categorías de datos de confirmación de comunicaciones, seis meses para los registros de llamadas telefónicas locales y de larga distancia, y tres meses para los registros de conexión a internet. No está establecido si un operador de VPN es un operador de empresas de telecomunicaciones o una empresa de valor añadido que debe presentar informes conforme al artículo 22.

La Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea bloquea sitios a través de los proveedores de internet; desde febrero de 2019, el bloqueo también lee el nombre del servidor en las conexiones HTTPS. Por separado, el artículo 22-5 de la Ley de empresas de telecomunicaciones exige a los operadores de valor añadido sujetos a la obligación de informar y a los operadores de valor añadido especiales eliminar o bloquear, una vez denunciados, los vídeos ilegales, el material sexual sintetizado y el material de explotación sexual de niños o jóvenes.

La difamación conforme al artículo 307 de la Ley penal conlleva hasta dos años por una afirmación verdadera y cinco por una falsa; el insulto conforme al artículo 311 conlleva hasta un año y requiere una denuncia. El artículo 70 de la Ley de redes eleva los máximos para la difamación a través de una red de información a tres años y siete. El delito en línea requiere intención de difamar, y la oposición expresa de la víctima impide el procesamiento.

El 3 de noviembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones levantó el bloqueo de marzo de 2016 impuesto por la Comisión a un sitio web con sede en Estados Unidos, que la Comisión había justificado en virtud del artículo 7 de la Ley de seguridad nacional. Sostuvo que el bloqueo de un sitio entero solo está permitido en circunstancias excepcionales, cuando se demuestra que todo su contenido es ilegal, y que un propietario extranjero no residente puede impugnar el bloqueo ante los tribunales coreanos.

El 21 de julio de 2022, el Tribunal Constitucional declaró incompatible con la Constitución la parte de la Ley de empresas de telecomunicaciones que permite a los operadores compartir datos de usuarios con investigadores sin notificar a la persona afectada, y concedió al poder legislativo hasta finales de 2023 para modificarla, según ARTICLE 19. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.