VPN con servidores en Colombia

El artículo 44 de la Ley 1621 de 2013 obliga a los operadores de telecomunicaciones, previa solicitud escrita del director de un organismo de inteligencia, en una operación autorizada y cuando sea técnicamente viable, a suministrar el historial de llamadas, los datos de identificación de los abonados y las ubicaciones de las celdas correspondientes a los abonados afectados. La solicitud puede abarcar como máximo cinco años.

Los operadores también deben anunciar con al menos 60 días de antelación los cambios de red que afecten a la interceptación y poner los equipos de interceptación a disposición a un coste razonable (art. 44, párr. 1). No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones a efectos de estas disposiciones.

La Ley 679 de 2001 prohíbe a los proveedores, administradores y usuarios de redes mundiales de información alojar imágenes, textos o archivos audiovisuales que impliquen actividad sexual con menores, material pornográfico cuando haya indicios de que las personas mostradas son menores, o enlaces a sitios que distribuyan ese material (art. 7).

Deben denunciar los delitos contra menores, combatir la difusión de ese material por todos los medios técnicos disponibles y establecer mecanismos técnicos de bloqueo con los que los usuarios puedan protegerse a sí mismos o a sus hijos (art. 8).

El Código Penal (Ley 599 de 2000) sanciona la injuria, una imputación deshonrosa (art. 220), con entre 16 y 54 meses de prisión y una multa, y la calumnia, la imputación falsa de una conducta delictiva (art. 221), con entre 16 y 72 meses de prisión y una multa. Las penas aumentan de una sexta parte a la mitad cuando se utiliza un medio de comunicación masiva (art. 223). La prueba de la verdad constituye una defensa, con las excepciones enumeradas (art. 224).

La Ley 1273 de 2009 añade delitos informáticos: el acceso no autorizado a un sistema (art. 269A) conlleva entre 48 y 96 meses de prisión, y la interceptación de datos sin orden judicial previa (art. 269C), entre 36 y 72 meses. Los proveedores conservan los datos de los abonados en virtud del artículo 4 del Decreto 1704.

El artículo 17 de la Ley 1621 distingue la vigilancia del espectro electromagnético, que según la propia ley no constituye interceptación, de la interceptación de conversaciones telefónicas privadas y comunicaciones privadas de datos. Esta última debe cumplir el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, y solo puede llevarse a cabo en el marco de actuaciones judiciales. La información del espectro que no sirva para ninguno de los fines de la ley debe destruirse.

Una comisión legal conjunta de ocho miembros del Congreso, cuatro de cada cámara, supervisa las actividades de inteligencia (art. 21). Los operadores no son responsables del uso que los organismos hagan de los datos de los usuarios que suministren en virtud del artículo 44. El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.