VPN con servidores en Pakistán

La recopilación y grabación en tiempo real de información también requiere que un tribunal, basándose en la información de un agente autorizado, considere que el contenido es razonablemente necesario para una investigación específica (sección 39). No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios sujeto a la sección 32.

La sección 37 de la PECA permite a la Autoridad, que desde la enmienda de 2025 es la Social Media Protection and Regulatory Authority, eliminar o bloquear información, o disponer su eliminación o bloqueo, si considera que es necesario en interés de la gloria del islam o de la integridad, seguridad o defensa de Pakistán, del orden público, la decencia o la moralidad, en relación con el desacato al tribunal, o para la comisión o instigación de un delito conforme a la Ley.

La sección 11 castiga la información que promueve o probablemente promueva el odio interreligioso, sectario o racial, con hasta siete años de prisión, una multa o ambas penas. La sección 20 contempla la exhibición pública o transmisión intencionada de información que se sabe falsa y que intimida a una persona física o perjudica su reputación o privacidad, con hasta tres años de prisión, una multa de hasta Rs 1 millón o ambas penas.

La Ley PECA (Enmienda) de 2025 añadió la sección 26A, un delito castigado con hasta tres años de prisión, una multa de hasta Rs 2 millones o ambas penas. El ministro del Interior informó a la Asamblea Nacional de que se habían registrado 187 casos conforme a la Ley enmendada.

El 8 de julio de 2024, el Ministerio de Telecomunicaciones autorizó a agentes del Inter-Services Intelligence, de grado 18 o superior, a interceptar llamadas y mensajes o rastrear llamadas conforme a la sección 54 de la Ley de Telecomunicaciones de Pakistán (Reorganización) de 1996, por motivos de seguridad nacional. Una petición impugnó la notificación por inconstitucional, y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán la calificó de violación flagrante de los artículos 9, 14 y 19.

El Tribunal Supremo sostuvo en Benazir Bhutto v President of Pakistan (1998) que la interceptación telefónica vulnera el derecho a la privacidad. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.