VPN con servidores en Bután

Un perfil de UNODC sobre la evidencia electrónica en Bután no registra ninguna ley interna explícita que imponga un periodo de retención obligatorio para los datos electrónicos. Cita las disposiciones de la Act de 2018 que permiten a la Authority exigir a los titulares de licencias que conserven grabaciones de emisiones durante al menos seis meses (ss. 187–189), y señala por separado una disposición de conservación de seis meses para los proveedores de servicios, sin identificarla. No está establecido si la Act o las Rules se aplican a un operador de VPN.

Las Rules and Regulations on Content 2019 de la Authority obligan a los proveedores de contenido a no difundir contenido perjudicial para la soberanía, la seguridad, la unidad o la estabilidad de la nación, ni contenido que incite a conflictos religiosos, étnicos, regionales o comunitarios, y prohíben el contenido sexualmente explícito, incluida la pornografía y la desnudez (regla 2.4.4).

El Código Penal (texto de 2011) tipifica como falta que un proveedor de servicios de internet actúe deliberadamente como anfitrión de material pornográfico o como canal para una imagen de ese tipo (ss. 476(b), 477).

En el texto de 2011 del Código Penal, la difamación (s. 317) consiste en dañar deliberadamente la reputación de una persona comunicando información falsa o distorsionada; el libelo (s. 320) es una difamación mediante escritos, dibujos o fotografías. Cada delito se clasifica como una falta leve con indemnización, o como un delito grave de cuarto grado cuando el asunto incluye asesinato, robo a mano armada, terrorismo o traición (ss. 319, 321).

Entre los delitos informáticos se incluyen la manipulación de materiales informáticos y su posesión ilícita (ss. 473–475), así como la pornografía informática (ss. 476–477).

La Constitución establece que ninguna persona será sometida a una injerencia arbitraria o ilícita en su privacidad, familia, hogar o correspondencia, y que el Estado procurará proteger las comunicaciones telefónicas, electrónicas, postales y de otro tipo frente a la interceptación o interrupción ilícitas.

Respecto de los delitos previstos en la Anti-Corruption Act 2011, el perfil de UNODC informa de que la interceptación requiere una orden judicial, salvo que exista un peligro inminente de destrucción de las pruebas, en cuyo caso la autorización judicial debe obtenerse dentro de las veinticuatro horas siguientes. El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.