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A 15 de octubre de 2026, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró conforme con la Constitución un proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, para su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional. El proyecto convierte la incitación al odio en una infracción sancionada con una multa o con trabajo comunitario y programas educativos, nunca con una medida privativa de libertad.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (Gaceta Oficial 41.274, 8 de noviembre de 2017) obliga a las personas jurídicas que gestionan redes sociales y medios electrónicos a adoptar medidas para prevenir los mensajes que promuevan la guerra o inciten al odio y a retirarlos de inmediato (art. 14).

Un mensaje que no se retire dentro de las seis horas siguientes a su publicación expone a la persona jurídica responsable a una multa de 50.000 a 100.000 unidades tributarias y da lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil (art. 22). Un proveedor de radio o televisión que difunda esos mensajes se enfrenta a la revocación de su concesión.

El artículo 20 de esa Ley sanciona con diez a veinte años de prisión a quien fomente, promueva o incite públicamente, o por cualquier medio apto para la difusión pública, al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo por su pertenencia real o presunta a un grupo social, étnico, religioso o político, por su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por cualquier otro motivo discriminatorio, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria.

La Ley Especial contra los Delitos Informáticos sanciona el acceso o la interceptación no autorizados de un sistema con penas de uno a cinco años (art. 6), la obtención o divulgación indebida de datos con penas de cuatro a ocho años (art. 11), la vulneración de la privacidad de las comunicaciones con penas de dos a seis años (art. 21) y la divulgación de lo obtenido con penas de dos a seis años (art. 22). La interceptación de comunicaciones requiere, por lo demás, una orden judicial conforme a la Constitución.

El artículo 48 de la Constitución garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, en las que solo se puede interferir por orden de un tribunal competente, observando la ley y preservando el secreto de los asuntos privados ajenos al proceso. El artículo 60 dispone que el uso de información electrónica estará restringido por ley para garantizar la intimidad personal y familiar y el honor.

El artículo 190 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sanciona la interceptación, interferencia, copia o divulgación ilícitas del contenido de las transmisiones conforme a la ley especial. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.