VPN con servidores en Jamaica

La sección 47(1) de la Ley de Telecomunicaciones exige que todo operador y proveedor de servicios trate como secreta la información sobre el tipo, la ubicación, el uso, el destino, la cantidad y la configuración técnica de los servicios que utilizan sus clientes. Debe divulgarla al comisionado de Policía, a los funcionarios responsables de la seguridad interna o del centro de inteligencia sobre armas de fuego y drogas, o al jefe del Estado Mayor o responsable de la inteligencia militar, cuando se solicite para una investigación o un proceso penal.

La sección 47 no establece ningún periodo de retención. Las disposiciones anteriores de la Ley de Telecomunicaciones son las que el Tribunal de Apelación citó en 2015. No está establecido si un operador de VPN es un operador o un proveedor de servicios.

La Ley de Ciberdelitos de 2015, sección 9 (vigente desde el 22 de diciembre de 2015) tipifica como delito utilizar un ordenador para enviar a otra persona datos obscenos, amenazantes o intimidatorios, con la intención de acosar a cualquier persona o causar daño, o temor de que se produzca daño, a cualquier persona o propiedad. Se excluyen las comunicaciones sobre acciones laborales en un conflicto laboral, y el delito se consuma con independencia de quién reciba efectivamente los datos (s. 9(1)–(2)).

Un Tribunal de Distrito condenó a un hombre que se declaró culpable de tres cargos por enviar datos obscenos a un denunciante, uno de ellos también a través de un sitio web: doce meses de prisión con trabajos forzados por dos cargos y una multa de J$1,000,000 por el tercero. En 2021, el Tribunal de Apelación redujo a seis meses las dos penas privativas de libertad y confirmó la multa.

La Constitución protege la privacidad de las comunicaciones (s. 13(3)(j)(iii)). En INDECOM v Digicel ([2015] JMCA Civ 32, 29 de mayo de 2015), el Tribunal de Apelación sostuvo que una comisión establecida por ley no estaba entre los funcionarios mencionados en la s. 47(2)(a), y que su requerimiento se rechazó correctamente porque no indicaba que el propósito fuera una investigación penal. El proveedor almacenaba allí datos de abonados y de llamadas en formato digital.

En abril de 2019, un tribunal de tres jueces del Tribunal Supremo declaró inconstitucional la Ley de Identificación y Registro Nacionales por motivos de privacidad. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.