VPN con servidores en Yemen

La ley establece que el Estado, a través del ministerio, es la única parte facultada para establecer y operar instalaciones de telecomunicaciones, con potestad para delegar esa función (art. 2). No está establecido si se aplica alguna obligación de conservar datos, ni si alcanza a un operador de VPN.

El artículo 53 de la Constitución garantiza la libertad y confidencialidad del correo, el teléfono, el telégrafo y otros medios de comunicación, que no pueden ser censurados, registrados ni confiscados salvo en los casos especificados por la ley y mediante orden judicial. La ley de 1991, en su versión modificada, también permite vigilar llamadas y mensajes únicamente con autorización previa y por escrito de la autoridad judicial (art. 5).

Según el Sana’a Center, la Public Telecom Corporation del Estado es el único operador de telefonía fija y, junto con TeleYemen, uno de los principales proveedores de internet; Yemen Mobile pertenece mayoritariamente al Estado. Aden Net comenzó a operar a finales de 2018, y el Center describe políticas y exigencias contrapuestas de las autoridades de Saná y Adén. SMEX informa de que Yemen.Net, bajo el control de las autoridades hutíes, bloqueó Instagram a finales de 2019.

El artículo 53 exige una orden judicial para la interceptación, y un abogado yemení declaró a SMEX en 2021 que bloquear sin ella es inconstitucional. La Ley de Prensa y Publicaciones de 1990 exige que las publicaciones operen dentro de los límites de la doctrina islámica, la Constitución y la unidad nacional.

La ley de 1991, en su versión modificada, permite al ministro, siguiendo instrucciones del Presidente cuando se declara una emergencia o se amenaza la seguridad nacional, cortar algunos circuitos telefónicos o telegráficos durante periodos determinados o hasta nuevo aviso (art. 5).

En abril de 2008, según la OpenNet Initiative, el Ministerio de Información declaró que el Código Penal se utilizaría para procesar a los autores que publicaran en internet contenidos que «incitaran al odio» o «perjudicaran los intereses nacionales». La Ley de Prensa y Publicaciones de 1990 se ha utilizado para procesar a periodistas y clausurar publicaciones.

El estudio de 2009 de la OpenNet Initiative registró que se ordenó a los propietarios de cibercafés retirar las divisiones y hacer que las pantallas fueran visibles para el operador, y que en algunos casos los usuarios tenían que proporcionar información personal; en octubre de 2007, una comisaría ordenó a los cibercafés cerrar a medianoche y pedir a los usuarios sus documentos de identidad.

En 2008, según la OpenNet Initiative, un tribunal anuló la decisión del Ministerio de Información de revocar la licencia de un periódico y multó al ministerio. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.