VPN con servidores en Costa Rica

Un proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones (n.º 8642), expediente 24.170, permitiría al Ministerio Público y, por delegación, a la policía de investigación exigir a los operadores que proporcionen datos de tráfico nacional e internacional, geolocalización y direcciones IP públicas y privadas, incluso en tiempo real.

Al 4 de noviembre de 2026, el proyecto figura como dictaminado por la comisión. En su texto de comisión de mayo de 2025, los operadores deben conservar esta información durante tres años, con un año para adaptar su infraestructura, y negarse a una solicitud judicial constituiría una infracción muy grave. No está establecido si un operador de VPN contaría como operador conforme al proyecto.

El Código Penal restringe el contenido mediante los delitos de injuria (art. 145), difamación (art. 146) y calumnia (art. 147).

El Código Penal castiga la injuria con multas de 10 a 50 días, y de 15 a 75 si es pública (art. 145); la difamación, con multas de 20 a 60 días (art. 146); y la calumnia, con multas de 50 a 150 días (art. 147). Suplantar a una persona, una empresa o una marca en cualquier red social, sitio web o medio electrónico conlleva de uno a tres años de prisión (art. 230).

La interceptación para identificar a quien publica requiere una orden judicial conforme a la ley de 2024 descrita a continuación.

La Ley n.º 10500 de 2024, publicada en La Gaceta n.º 137 el 26 de julio de 2024, modifica la ley de interceptación (n.º 7425). Un juez ordena la interceptación mediante resolución motivada a petición del Fiscal General o de los fiscales a quienes delegue expresamente, y lleva a cabo personalmente la diligencia, salvo en casos excepcionales. Las solicitudes se resuelven en un plazo de tres días naturales, o cinco en casos de delincuencia organizada.

Una orden dura hasta cuatro meses, con un máximo de dos prórrogas de igual duración y un límite de un año. En investigaciones sobre terrorismo y delitos relacionados con drogas, la información técnica sobre una interceptación, pero no su contenido, se comparte con la policía judicial de investigación (art. 28 bis). El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.