VPN con servidores en Marruecos

El artículo 26 de la ley de ciberseguridad Ley 05-20 (Bulletin officiel de 6 de agosto de 2020) exige a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a internet, los proveedores de servicios de ciberseguridad, los proveedores de servicios digitales y los editores de plataformas de internet que sigan las directivas de la autoridad nacional sobre la conservación de los datos técnicos necesarios para identificar cualquier incidente de ciberseguridad: datos de conexión, registros y rastros de eventos de seguridad. El periodo es de un año, aunque la normativa puede modificarlo. El incumplimiento se sanciona con una multa de entre 100.000 y 200.000 dírhams (art. 50).

El Decreto 2-21-406, de 15 de julio de 2021, por el que se aplica la Ley 05-20, establece como condición para calificar como proveedor de servicios de ciberseguridad que el alojamiento y el tratamiento de datos sensibles procedentes de sus servicios de detección y análisis, así como la ejecución de esos servicios, tengan lugar exclusivamente en territorio marroquí.

Según un resumen de la Ley 03-03, de 28 de mayo de 2003, elaborado por Stanford WILMAP, las autoridades pueden filtrar y eliminar contenidos que perturben el orden público mediante intimidación, fuerza, violencia, miedo o terror, y los intermediarios deben bloquear o eliminar esos contenidos cuando tengan conocimiento de ellos o por orden judicial. El regulador de las telecomunicaciones, la ANRT, ejecuta las órdenes de bloqueo; en octubre de 2013, el fiscal general le ordenó bloquear las versiones árabe y francesa de un sitio de noticias.

La ley de prensa y publicaciones de 2016 establece multas, no penas de prisión, por lo que los casos relacionados con expresiones se tramitan conforme al Código Penal: ofender al rey (art. 179), insultar a funcionarios públicos (art. 263) e insultar a organismos constituidos (art. 265) han dado lugar a acusaciones conjuntas. Según el mismo resumen, el artículo 218-5 responsabiliza al autor de una apología del terrorismo y a cualquiera que ayude a difundirla; se entiende que esto incluye a los propietarios de sitios y a los proveedores de servicios de internet.

Informes de 2022 registran una condena de cuatro años por «faltar al respeto al rey» y otra de dos años por insultar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en casos derivados de críticas en internet.

El artículo 24 de la Constitución declara secretos los intercambios privados y dispone que solo la justicia puede autorizar, en las condiciones y con las formalidades establecidas por la ley, el acceso a su contenido, su divulgación o su uso como prueba; el artículo 25 garantiza la libertad de pensamiento, opinión y expresión. El artículo 92 de la Ley 24-96 sanciona a quien, dentro del sector de las telecomunicaciones, vulnere el secreto de la correspondencia.

El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.