VPN con servidores en Montenegro

Para el acceso a internet, el reglamento del Gobierno (Boletín Oficial 156/25, de 26 de diciembre de 2025, aplicable desde el 1 de enero de 2026) enumera el nombre de usuario asignado, la dirección y el puerto públicos o traducidos, la dirección y el puerto de destino, el protocolo, el nombre de dominio de destino y el tráfico por sesión. Un operador es una persona que proporciona redes o servicios públicos de comunicaciones electrónicas; no está establecido si un operador de VPN lo es.

La Ley de la Agencia de Seguridad Nacional (Boletín Oficial 40/26, en vigor desde el 23 de marzo de 2026) fue impugnada mediante una iniciativa presentada ante el Tribunal Constitucional en mayo de 2026. Esta sostiene que los artículos 13, 18 y 20 permiten acceder a bases de datos, realizar vigilancia en lugares públicos y recopilar datos de ubicación sin aprobación judicial, y recuerda la decisión U-I 34/11 del Tribunal Constitucional, de 23 de julio de 2014, sobre los datos de las comunicaciones.

En virtud del artículo 107(4) de la misma Ley, el regulador puede exigir a los proveedores de redes o servicios públicos que bloqueen el acceso de los usuarios finales a números o servicios cuando las autoridades competentes informen de fraude o abuso, o cuando sea necesario para proteger el interés general o los derechos y libertades de otras personas.

El artículo 370(1) del Código Penal castiga la incitación pública a la violencia o al odio contra un grupo, o contra un miembro de un grupo, definido por la raza, el color, la religión, el origen, la nacionalidad o la pertenencia étnica, con una pena de prisión de seis meses a cinco años; la disposición sobre la pena fue modificada por última vez en el Boletín Oficial 110/23, de 12 de diciembre de 2023.

Una cuenta puede vincularse a una persona mediante los datos conservados anteriormente: la dirección y el puerto asignados a un usuario, así como los datos que identifican al usuario final, se encuentran entre las categorías que conservan los operadores, y el Ministerio del Interior establece las condiciones en las que los organismos competentes los reciben (art. 173(8)).

El artículo 42 de la Constitución establece que las cartas, las conversaciones telefónicas y otros medios de comunicación son inviolables, y permite apartarse de esta garantía únicamente mediante una resolución judicial cuando lo exijan un proceso penal o la seguridad de Montenegro. La autoridad competente en materia de protección de datos personales supervisa la seguridad de los datos conservados (art. 175(2) de la Ley).

El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.