VPN con servidores en Cuba

El Decreto 42, Reglamento General, permite a las personas que contraten infraestructura de red a operadores públicos prestar servicios de valor añadido a terceros únicamente con la autorización previa del Ministerio de Comunicaciones (art. 6), y exige la autorización de la entidad competente para las redes privadas que utilicen protocolos criptográficos (art. 8(2)). Ninguno de los dos textos establece un periodo de retención para el tráfico o los registros de suscriptores. No está establecido si un operador de VPN está sujeto a estas obligaciones.

El Decreto-Ley 35 exige a los operadores y proveedores, en coordinación con las autoridades competentes, aplicar medidas técnicas de funcionamiento y supervisión, o interrumpir los servicios, cuando sus redes transmitan información falsa, ofensiva o degradante, o contenidos contrarios a la moral pública o al orden público, o sirvan para cometer actos ilícitos (art. 69).

El Decreto 42 les exige suspender el servicio o resolver el contrato de los usuarios que lo utilicen para transmitir ese tipo de contenidos (art. 53(b)). Los usuarios no deben utilizar los servicios públicos para atacar la seguridad del Estado y el orden interno, transmitir informes o noticias falsas, o cometer actos ilícitos (Decreto-Ley 35, art. 15(e)).

La Ley 151 de 2022, el Código Penal, castiga la propaganda que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista con una pena de tres a ocho años de privación de libertad, y de cuatro a diez años cuando se utilicen medios de comunicación de masas en sus espacios físicos y digitales (art. 124). Quien permita ese uso de dichos medios, o de un medio bajo su cuidado, se enfrenta a una pena de dos a cinco años (art. 124(3)–(4)).

Difundir a sabiendas noticias falsas o predicciones maliciosas para causar alarma, descontento o desinformación conlleva de uno a tres años de privación de libertad o una multa, y de dos a cinco años cuando se utilicen redes sociales o medios de comunicación de masas (art. 266). La difamación pública de instituciones del Estado, organizaciones de masas, héroes y mártires conlleva de dos a cinco años de privación de libertad o una multa (art. 270).

La Constitución declara inviolables la correspondencia y demás comunicaciones, que solo pueden ser interceptadas o registradas mediante una orden emitida por una autoridad competente, en los casos y con las formalidades establecidos por la ley (art. 50). El Decreto-Ley 35 obliga a los proveedores a incorporar instalaciones de interceptación en sus sistemas (art. 68(c)); no crea un órgano de supervisión separado para la interceptación. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.