VPN con servidores en Chile

También deben mantener a disposición del fiscal, de forma confidencial, una lista de sus rangos IP autorizados y un registro, por no menos de un año, de los números IP de las conexiones de sus abonados, y destruirlo posteriormente de forma segura. El artículo 30 de la ley de inteligencia (Ley 19.974) obliga a toda persona a quien se le exhiba una orden judicial a cumplirla de inmediato. No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios de internet en virtud del artículo 222.

La ley de protección de datos personales (Ley 21.719) crea una agencia de protección de datos; sus modificaciones a la ley de privacidad vigente entran en vigor el primer día del vigésimo cuarto mes siguiente a su publicación, el 13 de diciembre de 2024.

Los proveedores de acceso a internet no pueden bloquear, interferir, discriminar ni restringir arbitrariamente el uso que cualquier usuario haga de contenidos, aplicaciones o servicios lícitos; solo pueden bloquear contenidos específicos a solicitud expresa del usuario y a su costa (art. 24 H de la Ley 18.168).

El bloqueo ordenado por un tribunal está previsto en la ley de derechos de autor (Ley 17.336, arts. 85 Q–85 R). Un tribunal civil puede ordenar que se retire o bloquee contenido infractor; respecto de un proveedor que solo transmite o encamina tráfico, únicamente puede ordenar medidas razonables para bloquear un elemento infractor claramente identificado, sin bloquear otros contenidos legítimos.

El Código Penal sanciona la calumnia, que consiste en imputar un delito específico falso perseguible de oficio (art. 412), y la injuria, cualquier expresión o acto que deshonre, desacredite o menosprecie a otra persona (art. 416). La calumnia difundida por escrito y públicamente, cuando se imputa un crimen, se sanciona con reclusión menor en su grado medio y una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales (art. 413); probar el delito imputado exime al acusado (art. 415).

Conforme al artículo 222, una orden de interceptación debe indicar los medios que se interceptarán, como números telefónicos, direcciones IP o buzones, y los proveedores conservan para el fiscal el registro de IP de un año. La Ley 21.459 de 2022 sanciona por separado los ataques contra sistemas de información, el acceso ilícito y la interceptación ilícita (arts. 1–3).

Conforme a la ley del Sistema de Inteligencia del Estado (Ley 19.974), los servicios solo pueden interceptar comunicaciones o intervenir sistemas informáticos con autorización judicial (arts. 24–25). La autorización la concede un ministro de la Corte Suprema: uno de los dos designados por el Pleno por dos años, renovables una sola vez, quien debe resolver en un plazo de cuarenta y ocho horas (art. 26), sin oír a la persona afectada (art. 28).

El control externo corresponde a la Contraloría General, los tribunales y la Cámara de Diputados (art. 36), que establece una comisión especial sobre los informes de los servicios (art. 37). El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.