VPN con servidores en Uruguay

Un informe de 2015 preparado para la Electronic Frontier Foundation no encontró ninguna norma específica que exigiera a los operadores de telefonía e internet conservar los datos de la población durante un periodo determinado. No está establecido si un operador de VPN es un operador a efectos de estas disposiciones.

Los arts. 244 y 245 de la Ley 19,535 (2017) declaran ilícitos los juegos de azar en línea sin autorización previa y permiten al Poder Ejecutivo bloquear el acceso a sitios, interrumpir los flujos financieros y prohibir la publicidad. El Decreto 366/017 designa a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas como organismo competente. Después de una investigación, esta ordena bloquear un dominio o URL; URSEC transmite la orden a todos los operadores autorizados en un plazo de 48 horas y estos deben bloquearlo dentro de las 48 horas siguientes (arts. 3–4).

En casos graves, un bloqueo preventivo puede durar hasta un año (art. 7).

La difamación (art. 333 del Código Penal) se castiga con cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o con una multa de 80 a 800 U.R.; el insulto (art. 334), con tres a dieciocho meses o de 60 a 400 U.R., con una pena más severa cuando el escrito se difunde públicamente (art. 335).

El art. 336 exime las manifestaciones sobre asuntos de interés público, salvo que se pruebe la malicia real. El art. 149 bis castiga la incitación pública al odio, al desprecio o a la violencia por motivos de color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual, con tres a dieciocho meses de prisión.

La Ley 19,696 (2018) niega facultades coercitivas a los organismos de inteligencia y les prohíbe realizar tareas represivas, investigaciones penales fuera de sus atribuciones legales o de una solicitud judicial en un caso concreto, ejercer influencia sobre la opinión pública o los medios de comunicación y divulgar información, salvo que la ley o un tribunal lo disponga (art. 7). El art. 25 crea una comisión parlamentaria bicameral, con legisladores de todos los partidos representados en el Parlamento, para supervisar el sistema; el art. 26 extiende esta supervisión a las actividades de todos sus organismos.

El art. 6 somete el sistema a los derechos constitucionales y exige al Poder Ejecutivo ofrecer a cualquier persona un recurso efectivo contra este. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de salida de un servidor no constituye una recomendación.