VPN con servidores en Polonia

El artículo 43 exige por separado a esas empresas proporcionar condiciones técnicas de acceso y grabación a la Policía, la ABW, la Contrainteligencia Militar, la CBA, la administración tributaria y otros organismos enumerados. El 4 de mayo de 2026, el Ministerio de Asuntos Digitales describió la retención como general e indiferenciada, consecuencia de que las leyes relativas a esos organismos aún no se habían adaptado, y afirmó que los reglamentos de aplicación seguían en fase de redacción.

La obligación vincula a las empresas de telecomunicaciones, definidas por referencia a las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles públicamente, que incluyen el acceso a internet y la transmisión de señales. El 14 de mayo de 2026, la autoridad de protección de datos afirmó que un proyecto de ley para reforzar la supervisión judicial de la vigilancia operativa, en consideración en el Sejm, no garantiza plenamente el cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo de 28 de mayo de 2024 sobre la notificación posterior a las personas afectadas. No está establecido que un operador de VPN sea una de ellas.

En virtud del artículo 15f de la Ley del Juego (texto consolidado de abril de 2025), el ministro de Finanzas mantiene un registro público de los dominios utilizados para ofrecer juegos de azar contrarios a la ley. Los proveedores de acceso a internet deben eliminar un dominio incluido en el registro de sus sistemas de resolución de nombres en un plazo de 48 horas y redirigirlo a una página del ministerio que advierte de la responsabilidad prevista en el Código Penal Fiscal.

La difamación (pomówienie, art. 212 del Código Penal) se castiga con una multa o una restricción de la libertad, y con hasta un año de prisión cuando se comete a través de medios de comunicación de masas; el insulto (art. 216) se castiga igualmente. Ambos delitos se persiguen mediante acusación privada. La veracidad de una declaración pública sobre la conducta de un funcionario público, o formulada en defensa de un interés socialmente justificado, no constituye delito (art. 213(2)).

Los datos retenidos se entregan a los organismos autorizados, los tribunales y los fiscales conforme a las leyes específicas que rigen a cada uno; el Ministerio cita el artículo 28 de la Ley de la ABW y el artículo 20c de la Ley de la Policía.

El 28 de mayo de 2024, en Pietrzak and Bychawska-Siniarska v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató tres vulneraciones del artículo 8. Declaró que la legislación sobre vigilancia secreta y sobre retención de datos de comunicaciones no ofrecía garantías suficientes contra un recurso excesivo a la vigilancia, y que la revisión judicial no lo compensaba.

En relación con Pegasus, una comisión del Senado concluyó en 2023 que la compra de 2017 era ilegal. El 21 de octubre de 2026, una comisión del Sejm aprobó un informe en el que concluía que la compra y el uso contra opositores del Gobierno eran ilegales, y presentó denuncias ante el fiscal. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de salida de un servidor no constituye una recomendación.