VPN con servidores en el Chad

Según se informa, una ordenanza de 2022 complementa la ley de 2015, y desde diciembre de 2025 se está preparando un código digital. No está establecido si un operador de VPN cuenta como operador de servicios de comunicaciones electrónicas conforme al artículo 57.

Conforme al artículo 105 de la Ley 009/PR/2015, difundir información, documentos o datos que deban mantenerse secretos en interés de la defensa nacional conlleva una pena de cinco a diez años. El artículo 32 de la ley antiterrorista de 2015 castiga la apología pública del terrorismo o la provocación directa con una pena de ocho a diez años y una multa de 25 a 50 millones de francos CFA, que se duplica cuando el hecho se comete mediante un servicio de comunicación pública en línea.

El artículo 114 de la Ley 014/PR/2014 castiga el uso fraudulento de una red pública de comunicaciones electrónicas para fines personales, o la conexión fraudulenta por cualquier medio a una línea privada, con una pena de uno a cinco años y una multa de 10 a 200 millones de francos CFA.

El artículo 106 de la Ley 009/PR/2015 aplica al insulto y la difamación públicos mediante una comunicación electrónica pública las mismas penas que a los delitos de prensa; los artículos 87 y 88 castigan las amenazas y los insultos cometidos mediante un sistema informático. La ley de prensa de 2010 establece multas de 10.000 a 500.000 francos CFA por difamación y ya no impone penas de prisión por este delito.

Los artículos 142 a 144 del Código Penal (Ley 001/PR/2017) castigan los insultos contra miembros del Gobierno, de la Asamblea Nacional o del poder judicial, mediante palabras, escritos, dibujos o gestos, con hasta tres años y una multa de hasta 250.000 francos CFA.

En un informe de 2017, Amnistía Internacional registró que defensores de los derechos humanos y periodistas chadianos afirmaron que sus teléfonos habían sido intervenidos, y que empresas privadas de telecomunicaciones reconocieron intervenir y supervisar llamadas, alegando que las autoridades lo justificaban por motivos de seguridad nacional. CIPESA observa que la ley no establece ni una supervisión judicial sólida ni un mecanismo para impugnar la legalidad de tales medidas. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.