VPN con servidores en Filipinas

Un proveedor de servicios es cualquier entidad que permita a los usuarios comunicarse mediante un sistema informático, o que procese o almacene datos en su nombre (sección 3(n)). No está establecido si un operador de VPN lo es.

La Ley de la República 11930 (2022) exige a los intermediarios de internet conservar los datos de abonados, de registro y de tráfico durante seis meses, prorrogables por seis meses o hasta que termine un caso, y los datos de contenido durante un año; los proveedores de servicios de internet deben registrar a cada abonado y la dirección IP asignada en un momento determinado (sección 9). Conforme a la Ley de Registro de SIM (Ley de la República 11934, 2022), las entidades públicas de telecomunicaciones conservan los datos de registro durante diez años después de que se desactive un número.

La Ley de la República 11930 exige a los intermediarios de internet y, por separado, a los proveedores de servicios de internet bloquear, eliminar o retirar material de abuso o explotación sexual infantil en un plazo de 24 horas desde la notificación de una autoridad competente, que incluye a las fuerzas del orden, los fiscales, los tribunales y los reguladores (sección 9).

Conforme a la sección 15 de la Ley de la República 10175, las autoridades que ejecuten una orden de registro e incautación debidamente emitida pueden asegurar sistemas, copiar datos y eliminarlos o deshabilitar el acceso a ellos.

La difamación en línea es un ciberdelito conforme a la sección 4(c)(4) de la Ley de la República 10175, castigado con una pena un grado superior a la difamación prevista en el artículo 355 del Código Penal Revisado (sección 6). La Corte Suprema declaró válida la disposición respecto del autor original de una publicación y nula respecto de quienes simplemente la reciben y reaccionan a ella.

La divulgación de información de los abonados o de datos de tráfico requiere una orden judicial; la orden debe cumplirse en un plazo de 72 horas y referirse a una denuncia válida (sección 14). Los números móviles están vinculados a una identidad registrada, que se revela mediante una citación o una orden judicial (Ley de la República 11934, secciones 9 y 10).

En Disini contra el Secretario de Justicia (G.R. n.º 203335, 11 de febrero de 2014), la Corte Suprema declaró nula la sección 12, relativa a la recopilación en tiempo real de datos de tráfico por «causa justificada», al considerar que la facultad era demasiado amplia y carecía de límites, y la sección 19, que permitía al Departamento de Justicia restringir o bloquear el acceso. Mantuvo la validez de la sección 14, ya que la divulgación está sujeta a intervención judicial, y de la sección 15.

La Ley contra las Escuchas Telefónicas (Ley de la República 4200, 1965) castiga la grabación secreta de una comunicación privada sin la autorización de todas las partes con una pena de seis meses a seis años; los agentes del orden solo pueden actuar mediante una orden judicial escrita y respecto de los delitos enumerados. El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.