VPN con servidores en Puerto Rico

Los operadores que ofrecen o facturan servicios telefónicos de larga distancia conservan los registros de llamadas durante 18 meses (47 C.F.R. § 42.6). También se puede obligar a un proveedor a revelar el nombre y la dirección del abonado, los registros de conexión o las horas de sesión, la identidad del abonado —incluidas las direcciones de red asignadas temporalmente— y los medios de pago mediante una citación administrativa, de un gran jurado o de un juicio (§ 2703(c)(2)). No está establecido si un operador de VPN es un proveedor comprendido en estas disposiciones.

El artículo 178 del Código Penal del Estado Libre Asociado (Ley 146 de 2012, en su versión modificada; revisión del 5 de agosto de 2026) sanciona, como delito menos grave de perturbación de la tranquilidad personal, escribir o hablar con otra persona mediante un sistema telemático o cualquier otro medio utilizando lenguaje amenazante, abusivo, obsceno o lascivo, así como telefonear repetidamente a una persona para molestarla.

El Código Penal sanciona la vulneración de las comunicaciones personales: apoderarse sin autorización de los documentos, cartas o correos electrónicos de otra persona, interceptar telecomunicaciones por cualquier medio o recuperar registros de comunicaciones conservados por entidades prestadoras de servicios conlleva una pena fija de tres años (art. 171). Amenazar con causar un daño concreto a una persona o a su familia constituye un delito menos grave, y un delito grave con pena de tres años cuando, como consecuencia, se evacúa un edificio o una instalación de transporte público (art. 177).

La identificación del remitente se realiza mediante el procedimiento de citación descrito en la primera respuesta, que permite obtener la dirección de red asignada temporalmente.

El artículo II, sección 10, de la Constitución del Estado Libre Asociado, promulgada el 6 de febrero de 1952, establece que la intervención telefónica está prohibida, que las órdenes de arresto y registro solo pueden emitirse por autoridad judicial cuando exista causa probable, y que las pruebas obtenidas infringiendo esta sección son inadmisibles ante los tribunales.

El 22 de junio de 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo en Carpenter v. United States que la obtención por parte del Gobierno de registros históricos de localización de estaciones celulares constituía un registro sujeto a la Cuarta Enmienda, para el cual generalmente necesitará una orden judicial. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.