VPN con servidores en Trinidad y Tobago

El incumplimiento constituye un delito sancionable, tras una condena en juicio sumario, con una multa de un millón de dólares (s. 13(3)). La ley no establece ningún periodo de retención. No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios de telecomunicaciones conforme a esta ley.

El Privy Council sostuvo en 2023 ([2023] UKPC 36) que las secciones 3 y 4 de la Sedition Act (cap. 11:04) siguen en vigor: la ley es legislación vigente protegida por la sección 6 de la Constitución frente a impugnaciones basadas en derechos constitucionales. El tribunal observó que hay sólidos argumentos para interpretar implícitamente que se exige la intención de incitar a la violencia o al desorden.

La Computer Misuse Act (cap. 11:17) establece que obtener conscientemente y sin autorización acceso a un programa o a datos, o interceptar mediante un dispositivo cualquier función de un ordenador, constituye un delito sancionable, tras una condena en juicio sumario, con una multa de 15.000 dólares y dos años, y con 30.000 dólares y cuatro años en una segunda condena (ss. 3, 6).

Para emitir una orden, el juez debe estar convencido de que la interceptación es necesaria en interés de la seguridad nacional o para prevenir o detectar un delito, de que otros procedimientos de investigación han fracasado o probablemente no tendrán éxito, son demasiado peligrosos o inviables, y de que la interceptación es proporcional a lo que se pretende obtener (s. 8(2)).

El ministro debe informar, dentro de los tres meses siguientes al final de cada año, del número de órdenes solicitadas, concedidas, denegadas o revocadas y de los procesos penales en los que se hayan presentado comunicaciones interceptadas, y presentar el informe ante el Parlamento (s. 24). El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de salida de un servidor no es una recomendación.