VPN con servidores en Baréin

La Ley 60/2014 sobre delitos relacionados con las tecnologías de la información permite a la Fiscalía Pública ordenar a cualquier persona que conserve datos, incluidos los datos de enrutamiento, durante un máximo de 90 días, prorrogables por un tribunal durante otros 90 días (artículo 12), y ordenar a un proveedor de servicios que proporcione información del abonado, pero no datos de enrutamiento ni contenido (artículo 13). La ley no establece ningún período general de retención. No está establecido si un operador de VPN es un «proveedor de servicios» conforme al artículo 1.

La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 30/2018) prohíbe que un responsable del tratamiento transfiera datos personales al extranjero, salvo a países incluidos en la lista de la Autoridad, con su autorización o en los casos enumerados en el artículo 13, y no se aplica al tratamiento relacionado con la seguridad pública por parte de los cuerpos de seguridad (artículo 2).

El artículo 10 de la Ley 60/2014 sanciona la producción, distribución o puesta a disposición de contenido pornográfico a través de un sistema de tecnologías de la información, con penas más severas cuando la audiencia son menores.

Con la autorización de un juez de un tribunal inferior, la Fiscalía Pública puede encomendar a una persona que bloquee los contenidos de un sistema de tecnologías de la información mediante el cual se haya cometido un delito, durante un máximo de 30 días cada vez (artículo 18(1)(c)). El incumplimiento de tales órdenes se castiga con hasta dos años de prisión (artículo 19).

El artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones sanciona con una multa de hasta 10.000 BD, sin perjuicio de penas más severas, el envío a través de una red de telecomunicaciones de un mensaje que se sepa falso o engañoso y que sea ofensivo para el orden público o la moral, ponga en peligro a terceros o perjudique un servicio. El artículo 23 de la Ley 60/2014 aplica la pena prevista en cualquier otra ley a un delito cometido mediante un sistema de tecnologías de la información.

Para identificar una cuenta, la Fiscalía Pública puede exigir a un proveedor información del abonado (artículo 13), y un juez de un tribunal inferior puede ordenar que se revelen los datos de enrutamiento (artículo 14).

El artículo 26 de la Constitución garantiza la confidencialidad de las comunicaciones postales, telefónicas y electrónicas, y permite la censura o vulneración únicamente en los casos de necesidad especificados por la ley y conforme a los procedimientos y garantías que esta prescriba. El artículo 104 establece que ninguna autoridad prevalecerá sobre la sentencia de un juez y que la ley garantiza la independencia.

El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de salida de un servidor no es una recomendación.