VPN con servidores en Grecia

La Decisión 19/2024 de la Autoridad Helénica de Protección de Datos ordenó a un operador móvil dar a un interesado acceso a los metadatos que conservaba sobre él y reconoció que el marco vigente es problemático. No está establecido si un operador de VPN es un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de estas leyes.

La Comisión Helénica del Juego mantiene una lista de sitios de apuestas sin licencia que los proveedores de internet reciben instrucciones de bloquear; se informó de que unos 11.000 dominios estaban bloqueados en diciembre de 2025. En virtud del artículo 66E de la Ley de Propiedad Intelectual (2121/1993, añadido por la Ley 4481/2017), un comité actúa desde septiembre de 2018 y puede ordenar a los proveedores que bloqueen nombres de dominio que designe un titular de derechos.

El artículo 191 del Código Penal, reformulado en noviembre de 2021, castiga la difusión de noticias falsas, en público o por internet, que pueda causar inquietud o temor a la población y socavar la confianza en la economía nacional, la capacidad de defensa del país o la salud pública.

Según Human Rights Watch, la pena básica es de al menos tres meses de prisión y una multa; la reiteración a través de la prensa o por internet conlleva al menos seis meses. El texto no define las noticias falsas ni exige que se produzca un daño efectivo.

En 2024, el Consejo de Estado (decisión 465/2024) declaró inválida una disposición de la Ley 4790/2021 que prohibía informar a una persona sometida a vigilancia por motivos de seguridad nacional incluso cuando no surgiera ningún riesgo, calificándola de restricción excesiva y desproporcionada conforme al derecho de la UE sobre privacidad y a la Carta.

El 2 de marzo de 2026, su pleno aplazó la sentencia definitiva y ordenó al servicio de inteligencia que presentara el expediente de vigilancia de un periodista o explicara con qué fundamento jurídico había sido destruido. La Autoridad Helénica para la Seguridad y la Privacidad de las Comunicaciones, creada en virtud de la Ley 3115/2003 y del artículo 19(2) de la Constitución, audita a los proveedores y al servicio de inteligencia.

En 2026, un tribunal griego condenó a prisión a cuatro directivos de la empresa responsable del programa espía Predator por su uso contra figuras públicas en Grecia, según informa Citizen Lab. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no es una recomendación.