VPN con servidores en Israel

El jefe de la oficina de investigaciones e inteligencia de la policía también puede exigir a los proveedores que faciliten datos de identificación de abonados, números identificativos de dispositivos y datos de mapeo de antenas para una base de datos policial (ss. 6–7). Un proveedor no puede informar a un abonado de una transferencia, bajo pena de dos años de prisión (ss. 5, 11).

Con arreglo al artículo 11 de la Ley de la Agencia de Seguridad de Israel (5762-2002), el primer ministro puede establecer mediante normas los tipos de información de las bases de datos de un proveedor autorizado que la Agencia necesite, y el proveedor debe transferirlos. El jefe de la Agencia autoriza su uso durante un máximo de seis meses, renovable; las normas del primer ministro establecen durante cuánto tiempo los proveedores deben conservarla. No está establecido si un operador de VPN es un licenciatario conforme a alguna de las dos leyes.

Según informaciones de prensa, una ley aprobada el 17 de julio de 2017 permite a un juez de un tribunal de distrito, especialmente autorizado por el presidente del tribunal, ordenar a los proveedores de internet que bloqueen sitios vinculados con el juego ilegal, la prostitución y los anuncios de pornografía infantil, la venta en línea de drogas duras y cannabinoides sintéticos, así como los sitios web de organizaciones terroristas. Los tribunales también pueden ordenar a los motores de búsqueda que retiren esos sitios de los resultados. Un proveedor que no cumpla se enfrenta a dos años de prisión.

El artículo 24 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, aprobada en 2016, tipifica como delito, bajo determinadas condiciones, la identificación con una organización terrorista: la alabanza o el apoyo públicos, la exhibición de sus banderas o símbolos y la pronunciación de sus consignas o himnos. La pertenencia a una organización terrorista y la prestación de servicios a esta conllevan cada una una pena de hasta cinco años. El ministro de Defensa designa a las organizaciones tras consultar a un comité asesor, y el Tribunal Supremo puede revisar la designación.

En HCJ 3809/08, resuelto el 28 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo rechazó una petición contra la Ley de Datos de Comunicaciones, pero la interpretó de forma restrictiva: los datos personales de comunicaciones solo pueden recopilarse para investigar un delito concreto, y la vía administrativa se reserva para casos extremos en los que no pueda obtenerse una orden judicial.

El 26 de abril de 2020, un panel de tres jueces sostuvo que el seguimiento telefónico por parte de la Agencia de Seguridad de personas portadoras del coronavirus no podía continuar salvo que estuviera respaldado por una ley formal, al considerar que vulnera gravemente el derecho constitucional a la privacidad. El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.