VPN con servidores en Singapur

Con la autorización del Fiscal Público, el artículo 40 permite a los agentes exigir asistencia técnica y acceso a información de descifrado; la negativa se castiga con hasta tres años de prisión o una multa de S$10,000, o ambas penas.

La Ley de Ciberseguridad de 2018, modificada en 2024, regula a los proveedores de infraestructura digital fundamental, como los servicios en la nube y los centros de datos: deben seguir códigos de buenas prácticas y notificar los incidentes establecidos. Ninguna de estas disposiciones establece un plazo de retención de registros. No está establecido si un operador de VPN queda comprendido en alguna de ellas.

En virtud del artículo 117 de la Ley de Control del Juego de 2022, el regulador del juego puede ordenar a IMDA que exija a un proveedor de acceso a internet adoptar medidas razonables para desactivar el acceso a una ubicación en línea vinculada con el juego ilegal; el incumplimiento por parte del proveedor se castiga con una multa de hasta S$20,000 diarios, con un límite de S$500,000 por delito.

La Ley sobre Daños Penales en Línea de 2023 permite a los funcionarios designados ordenar a los proveedores de servicios en línea que detengan las comunicaciones, desactiven contenido o restrinjan cuentas, y permite a la autoridad competente ordenar a los proveedores de acceso a internet que bloqueen una ubicación tras el incumplimiento. Una persona puede solicitar una reconsideración en un plazo de 30 días y después apelar ante un tribunal revisor presidido por un juez de distrito o un magistrado; ninguna de las dos medidas suspende la orden.

En virtud de la Ley de Protección contra las Falsedades y la Manipulación en Línea de 2019, cualquier ministro puede instruir a la autoridad competente para que emita una orden de corrección o de interrupción de las comunicaciones cuando ello sea de interés público; la ley también contempla órdenes específicas de corrección, desactivación y restricción de cuentas. Los delitos incluyen crear o modificar un bot para comunicar declaraciones falsas de hecho, y aceptar un beneficio por un servicio utilizado para ello: hasta tres años y S$30,000 para una persona física.

Una persona debe presentar primero una solicitud al ministro y después puede apelar ante el Tribunal Superior, mientras la orden sigue vigente. En The Online Citizen contra el Fiscal General ([2021] SGCA 96, octubre de 2021), el Tribunal de Apelación confirmó la constitucionalidad de la ley, se pronunció sobre la carga de la prueba y estimó parcialmente un recurso.

La Ley de Seguridad en Línea (Reparación y Rendición de Cuentas) de 2025, aprobada el 5 de noviembre de 2025, creó una comisión que comenzó a funcionar el 29 de junio de 2026. Puede ordenar la retirada de contenido, restringir la cuenta de un infractor y exigir a las plataformas que proporcionen datos de identidad del usuario final. Promover la enemistad entre grupos raciales se castiga con hasta tres años de prisión (Código Penal, artículo 298A).