VPN con servidores en Belice

Un proveedor de servicios es cualquier entidad pública o privada que permita a los usuarios comunicarse mediante un sistema informático, o que procese o almacene datos informáticos para ese servicio o sus usuarios.

La Ley de Interceptación de Comunicaciones (Cap. 229:01), vigente desde el 29 de noviembre de 2023 en virtud del Instrumento Legislativo 137 de 2023, exige a toda persona que proporcione un servicio postal público o un servicio a través de una red de comunicaciones pública o privada facilitar los equipos y la ejecución necesarios para una instrucción de interceptación o una orden de divulgación (s. 18). Cifrar datos para cometer un delito constituye una infracción (s. 4). No está establecido si un operador de VPN entra en alguna de las dos definiciones.

Tras una solicitud ex parte del Director de la Fiscalía o de un agente de policía con rango de superintendente o superior, el Tribunal Supremo puede ordenar a un proveedor de servicios, o a una entidad dentro de un servidor de nombres de dominio, que almacene, transmita o permita el acceso a datos informáticos en contravención de la Ley de Delitos Informáticos o de cualquier otra ley, que elimine esos datos o deshabilite el acceso a ellos (s. 28).

La Ley de Delitos Informáticos sanciona el uso de un sistema informático para intimidar o amenazar a una persona con violencia (s. 15(1)); publicar datos obscenos o indecentes con la intención de humillar o acosar (s. 15(3)); difundir información que se sabe falsa con la intención de perjudicar la reputación de una persona o exponerla al ridículo, desprecio u odio (s. 15(4)); y amenazar con publicar información privada para extorsionar (s. 15(5)).

La condena en procedimiento sumario conlleva una multa de $10,000 y cinco años; la condena tras acusación formal, $15,000 y diez años (s. 15(6)).

Una Orden de Producción puede ordenar a un proveedor de servicios en Belice que proporcione datos de tráfico e información del suscriptor sobre una persona que utilice el servicio (s. 26), y una Instrucción de Almacenamiento puede ordenarle conservar esos datos durante un periodo determinado (ss. 19–20).

En virtud de la Ley de Interceptación de Comunicaciones, una instrucción la emite un juez del Tribunal Supremo, quien debe estar convencido de que la interceptación es necesaria para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la salud pública, para investigar un delito tipificado, o para dar efecto a un acuerdo de asistencia jurídica mutua (s. 6).

El juez puede exigir al agente autorizado que informe sobre los avances, modificar la instrucción y ponerle fin (ss. 10–12). La interceptación no autorizada de información protegida o de datos de tráfico constituye en sí misma una infracción (s. 13). El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.