VPN con servidores en Brunéi

Conforme a la Orden de Telecomunicaciones de 2001, un funcionario o empleado de un titular de una licencia de telecomunicaciones pública comete un delito si intercepta o retiene un mensaje, salvo que exista una orden firmada por el Ministro o una instrucción judicial (sección 42). No está establecido si un operador de VPN es titular de una licencia conforme a alguno de estos instrumentos.

El Código de Prácticas de Internet (Notificación S 12/2001) exige a los titulares de licencias hacer todo lo posible para impedir que permanezcan en internet contenidos contrarios al interés público o a la armonía nacional.

Las categorías enumeradas incluyen contenidos que provocan odio o desprecio hacia el sultán o el Gobierno, o que incitan al descontento contra ellos; contenidos que denigran la religión del islam o son contrarios a las prácticas del islam según la secta shafeíta; contenidos que predican otras religiones; y contenidos pornográficos u obscenos. El Ministro puede imponer multas a los titulares de licencias que lo incumplan.

El regulador, AITI, enumera las leyes aplicables a la conducta en línea: la Ley de Sedición (capítulo 24), el Código Penal (artículos obscenos), la Ley de Difamación (capítulo 192), la Ley de Orden Público (capítulo 148, difusión de información falsa), la Ley de Periódicos (capítulo 105, noticias falsas), la Ley de Publicaciones Indeseables (capítulo 25) y la Orden del Código Penal de la Syariah de 2013 (insultos al islam y al Profeta). La Policía Real de Brunéi hace cumplir la mayoría de ellas.

La sección 6 de la Ley sobre el Uso Indebido de Ordenadores (capítulo 194) sanciona por separado la interceptación no autorizada de un servicio informático, con hasta tres años de prisión, y la sección 14 preserva las investigaciones policiales realizadas conforme a cualquier ley escrita.

La Orden de Telecomunicaciones permite al Ministro dar instrucciones a los titulares de licencias en una emergencia pública, en interés público o en interés de la seguridad pública, y esas instrucciones pueden prohibir o regular el uso de las telecomunicaciones y disponer la detención, el retraso y la censura de mensajes (sección 61). Una interceptación puede basarse tanto en una orden ministerial como en una instrucción judicial (sección 42).

El orden de las filas es la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.