VPN con servidores en Nicaragua

Los datos incluyen el nombre y la dirección del usuario al que se asignó una dirección IP, las horas de conexión y desconexión, y el protocolo y puerto utilizados (art. 3); solo pueden entregarse a la Policía Nacional o al Ministerio Público (art. 4). Desde la Ley 1219 de 2024, la Ley de Ciberdelincuencia alcanza a autores, cómplices y a cualquiera que facilite un delito, dentro o fuera de Nicaragua (art. 2). No está establecido si un operador de VPN es un operador incluido.

Un juez penal de distrito, a solicitud de la Policía Nacional o del Ministerio Público, puede ordenar a una persona que entregue información almacenada en un sistema de información, ordenar a un proveedor de servicios que proporcione datos sobre un usuario, incautar un sistema y hacer inaccesible el contenido de un sistema o retirarlo (Ley 1042, art. 39). La conservación de los datos de tráfico, conexión y acceso puede ordenarse por hasta noventa días, renovables una vez.

El artículo 30, reformado por la Ley 1219 (11 de septiembre de 2024), castiga la publicación o difusión, mediante tecnologías de la información, redes sociales o aplicaciones móviles, de información falsa, distorsionada o de otro tipo que cause deliberadamente alarma, miedo, pánico o ansiedad con tres a cinco años de prisión y multas de 300–500 días. El perjuicio al honor o la reputación de una persona conlleva de dos a cuatro años.

La información que incite a la discriminación, el odio o la violencia por motivos raciales, religiosos o políticos, o que ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, conlleva de cinco a diez años. Los cómplices reciben la misma pena, y los organizadores, financiadores y quienes faciliten la difusión masiva se enfrentan a un aumento de hasta dos tercios; las personas jurídicas son responsables (art. 30 bis).

La Ley de Ciberdelincuencia exige la autorización de un juez penal de distrito para obtener y conservar datos en sistemas de información (art. 39). Las cuestiones que no regula se rigen por el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley 735 sobre delincuencia organizada y la Ley 787, la Ley de Protección de Datos Personales (art. 45). El orden de las filas corresponde a la puntuación de seguridad, y la ubicación de un servidor no constituye una recomendación.